Es el caso de Roberto Prat Urzainqui, concejal electo en Berriozar (Navarra), cuyo hermano Ernesto Prat Urzainqui, de 33 años, está en la lista de los etarras más buscados. El etarra se fugó a Francia en septiembre de 2008, justo cuando los agentes se disponían a registrar su domicilio.

En las municipales de 2007 concurrió como tercero en la lista de ANV en Baztán. Y antes, en 2004, ya había intentado entrar en las instituciones a través de Herritarren Zerrenda, otra marca tumbada en los tribunales.

Las autoridades sitúan a Ernesto Prat en Francia. Según el diario, ha estado a punto de ser arrestado en varias ocasiones, pero siempre ha conseguido huir.

Su hermano Roberto será concejal de Bildu al menos durante cuatro años en Berriozar, Pamplona. Uno de sus vecinos más conocidos es el ex portavoz de Batasuna Pernando Barrena.

El caso de María Ester Compains Silva es similar. La próxima edil de Bildu en Villava es hermana de los famosos trillizos de ETA –Míkel, Joseba y Eneko-, uno de los cuales está en la cárcel. Arrestados en dos ocasiones por disturbios callejeros Y en 2003 por pertenencia a ETA, fueron siempre puestos en libertad bajo fianza. Dos de ellos empapelaron las calles de Pamplona con propaganda a favor de Bildu, durante la campaña electoral. Enejo fue arrestado en septiembre cono presunto dirigente de Ekin.

El padre de todos ellos es José María Compains, uno de los promotores de Sortu, ilegalizado por el Constitucional.

Otrode los concejales en el Parlamento de Navarra es de Bildu y con familiares relacionados con ETA. Bakartxo Ruiz, de una organización afín a Batasuna, fue la número dos de la candidatura a la Cámara Foral, donde Bildu se hizo con siete representantes. Su hermano, Zigor Ruiz Jaso, fue arrestado en Inglaterra como presunto miembro de un grupo etarra. Las fuerzas de seguridad creen que tomó parte en el atentado perpetrado el 28 de febrero de 2006 contra el Instituto Social de la Marina de Motrico, en Guipúzcoa.

El hermano de la parlamentaria por Bildu cuenta en su expediente, según La Gaceta, con tres detenciones y tiene otras tantas requisiciones judiciales pendientes. Ahora está encarcelado en España después de que las autoridades inglesas lo entregasen a España.

(Noticia extraída de Libertad Digital)

LIBERTAD DIGITAL
Hasta el momento, el despacho que el ex presidente Rodríguez Ibarra ya ha costado a los extremeños dos millones de euros, desde 2007. Todos los gastos de este despacho – situado en Mérida - de 315 metros cuadrados corren a cuenta de la Asamblea de la comunidad, "cualquiera sea su importe", según acreditan los documentos a los que ha tenido acceso El Mundo, y publica este lunes.

Lo cierto es que los múltiples excesos de este "macro despacho" se justifican gracias al "Estatuto del expresidente" que se aprobó días antes de que Rodríguez Ibarra abandonase su cargo. Tanto PSOE como PP dieron su apoyo a la aprobación de este documento. El socialista renunció al sueldo que le correspondía como expresidente autonómico, y alardeó de ello, pero se guardaba este As en la manga: un despacho, costeado con dinero público, para gestionar su actividad profesional tras renunciar a su cargo público. Corría entonces 2007, y los gastos no han hecho más que aumentar ilimitadamente.

En primer lugar, este piso de lujo primero fue alquilado por la Asamblea extremeña – por un coste de 2.500 euros al mes), y fue remodelado con el subsiguiente coste. Después, el organismo compró el inmueble por 500.000 euros. En total, todo ello les costó a los extremeños un millón de euros, entre gastos de albañilería y remodelación.

Y a partir de ahí, todo han sido gastos de lujo, que el despacho de Ibarra ha ido emitiendo y la Asamblea ha aceptado "cualquiera sea su importe", en un trámite meramente formal. Se recibían, y eran aprobadas de inmediato, no existiendo gasto lo suficientemente elevado para ser denegado o recortado.

El local: decoración, empleados y seguridad

Una vez adquirido, Ibarra se gastó 242.000 euros para las dotaciones interiores del local: 3.050 euros para un sofá Le Corbusier, 579 euros en perchero, 679 en una lámpara, 222 en un cenicero papelera o 1.800 en una alfombra roja. En total, 315 metros cuadrados de todo lujo, en el que el socialista cuenta con una sala de estar a su despacho presidencial, un despacho para su director de oficina, otro para su asesor, una sala de escoltas, dos salas de espera y un secretariado.

Ibarra tiene un personal exclusivo a su disposición: un director, un asesor, un secretario y un chófer. Pagar sus nóminas cuesta a las arcas públicas 88.000 euros al año. Por supuesto, no faltan otros empleados de seguridad, a los que el Parlamento extremeño les abona cada mes un complemento específico extra, que suponen al año otros 55.000 euros. Y eso, sin añadir los costes de desplazamientos y manutención cada vez que Ibarra acude de viaje por España.

Para estos desplazamientos, Ibarra tiene cuatro vehículos a su disposición, uno de ellos un Audi A8 que costó más de 56.000 euros . En gasolina, el expresidente ha cobrado a la Asamblea 90.835,05 euros, en tres años.

Todos los gastos de Ibarra: flores, lencerías, regalos, teléfono...

Pero el macro despacho no sólo genera gastos relacionados con sus lujosos muebles, preparado personal o remodelaciones exclusivas. Además, Ibarra también le pasa a la Asamblea las facturas de sus regalos personales, encontrándose entre los datos, partidas ciertamente reseñables.

Por ejemplo, existe una factura que tiene como epígrafe el de "suministros de lencería y vestuarios" que asciende a 598 euros. Ibarra también costea a través de los fondos públicos su regalo a la presidenta de la Junta por su maternidad, cuando le envió dos centros de flores de 68,48 euros, y de 95,88 euros. No es la única factura de flores: ente las partidas se encuentra una de 3.020 euros y otra de 811 de las que no figura el destinatario.

Otra partida que da lugar a la controversia es una que asciende a 812 euros, de botellas de vino. Ibarra también ha querido dotar a su personal del mejor aspecto, para lo que compró nueve uniformes destinados para el personal de oficina y sus conductores, que costaron 600 euros cada uno. Junto a ella, aparecen otros gastos de vestuario: camisas, americanas y trajes...pero no existe destinatario. También unos zapatos de 89 euros, u otros de 98, para el conductor.

¿Quién aprueba estos gastos?

Según se aprobó el 20 de Febrero de 2008, se aprobó que fuera únicamente la figura del letrado mayor y secretario General de la Cámara, con el visto bueno de la presidencia, quien diera su aprobación a todos estos gastos "cualquiera sea su importe".

Todo ello, en una comunidad con el 25% de paro y la renta per cápita más baja del país. El pasado año, Extremadura fue la segunda comunidad donde más creció la deuda de su Administración pública, concretamente un 60%.

La justificación de Ibarra

Cuando el socialista aprobó el estatuto del expresidente, aseguró que no se trataba de una "ley para mí", publicó entonces el diario Hoy. Aseguró que había que pensar en otros futuros presidentes que no sean funcionarios como él y se vean obligados a dejar su trabajo "y cuando terminen su mandato no puedan volver a él. No es una insensatez que quien quiera acogerse a este estatuto pueda hacerlo". Además lo justificó diciendo que era una "garantía porque un expresidente, con los resortes que ha manejado, es preferible que tenga un sueldo a que se ponga en el mercado para el primero que le coja, no importa quién".

Sobre el despacho, Ibarra lo justificó diciendo que ya "había recibido cuatro propuestas de seminarios y cursos y cuando yo no esté no creo que sea mi mujer la que tenga que coger el teléfono. Tampoco creo que sea un dispendio para los extremeños".

(Noticia extraída de Libertad Digital)

Á. Collado. Madrid

En el Instituto de la Juventud, dependiente del antiguo Ministerio de Igualdad de Bibiana Aído (hoy rebajado a Secretaría de Estado), hay convenios y subvenciones para todas las localidades de origen de sus responsables políticos. El informe de fiscalización del Injuve remitido por el Tribunal de Cuentas al Congreso incluye entre los 25 ayuntamientos beneficiarios de fondos “para espacios de creación joven” una partida de 300.000 euros para el de Jerez, la ciudad donde nació el director general, Gabriel Alconchel. Como adelantó LA GACETA el pasado día 20, el consistorio de Alcalá de los Gazules, el pueblo de Aído, también está entre los agraciados, esta vez con 200.000 euros. El Instituto, en sus alegaciones ante el máximo órgano fiscalizador del Estado, culpa ahora a ese ayuntamiento de no justificar el destino de esa subvención.

Los 74 folios que ha necesitado el Tribunal de Cuentas para denunciar las irregularidades –falta de transparencia, descontrol, arbitrariedades o lagunas formales hasta en los formularios con que el Instituto de la Juventud distribuyó en forma de convenios 21,6 millones de euros en 2008 y 2009– han sido contestados por su director con seis folios de alegaciones con más disculpas que explicaciones.

Alconchel llegó al cargo cuatro días después de que Zapatero hiciera ministra a Aído en abril de 2008. También gaditano, de la misma edad (31 años) que su jefa y también procedente de las Juventudes Socialistas, ha dejado clara la querencia por su tierra. De los 3,6 millones repartidos como subvenciones disfrazadas de convenios –así lo define el Tribunal de Cuentas– entre una comunidad autónoma y 25 ayuntamientos, una quinta parte fue para cinco pueblos de Cádiz.

Si en el ejercicio de 2008 200.000 euros que siguen sin justificar fueron para Alcalá de los Gazules, el pueblo de la ministra, en 2009 otros 300.000 llegaron a Jerez, que se colocó como la localidad de España más beneficiada por ese tipo de convenios. De los 8.100 ayuntamientos del país, sólo hubo subvenciones con destino a “espacios jóvenes” para un Gobierno autonómico socialista –el tripartito catalán– y 25 consistorios controlados por el PSOE; de ellos, cinco en Cádiz.

Alconchel pone ahora en evidencia al ayuntamiento del pueblo de Aído al reconocer que no sabe qué hizo con el dinero, porque no ha justificado gasto alguno en más de dos años pese a que se lo pidió por escrito dos veces. El director del Injuve dice que ha vuelto a la carga para que el consistorio de la localidad de su jefa remita “dicha justificación, conforme a lo estipulado en el convenio, en el plazo de un mes”. Incluso añade que, si no solicitan una prórroga para terminar la obra –“si es que no está acabada” en ese plazo–, están dispuestos a iniciar “el proceso de reintegro”. Para reforzar su versión, Alconchel adjunta copia del escrito remitido a los ayuntamientos de Alcalá de los Gazules y Almadén, que está en el mismo caso de falta de justificación de gastos.

Ante la denuncia del Tribunal de Cuentas, Alconchel se compromete a “corregir y mejorar” sus actuaciones en este terreno a través de “comisiones de seguimiento”.

(Noticia extraída de La Gaceta)
 

"Zapatero ha sembrado tantos odios dentro del partido que, en cuanto le pongan la zancadilla, nadie le echará una mano para que pueda levantarse”, afirmaba categórico un ex colaborador del presidente del Gobierno hace unos meses. Esa caída ya no tiene remedio. Zapatero se ha dado de bruces con la realidad.

Su precipitado hundimiento tiene en él a su principal causante. Así lo admiten los que han formado parte de sus equipos. Su soberbia le llevó a apartar a muchos de ellos de sus responsabilidades y a caer en la trampa de devolver el aparato de Ferraz a la vieja guardia. Los autores de esa ratonera en la que se ha metido el jefe del Ejecutivo tienen nombres y apellidos, y el entorno de Zapatero insiste en culparles del momento crítico que vive el PSOE. Son José Blanco y Alfredo Pérez Rubalcaba.

Los hechos que han acontecido en los últimos días comenzaron hace años. Algunos socialistas los fechan en 2003, cuando el irreductible vicepresidente primero retornó a la cúpula socialista de la mano del entonces secretario de Organización. “Blanco es el gran traidor de Zapatero”, proclaman con dolor muchos de los que todavía confían en un golpe de efecto del presidente que tire por tierra la conjura.

Blanco usó entonces su cercanía con Zapatero para derribar a los representantes de Nueva Vía, con los que estaba enemistado. Su ascensión a Fomento en 2009 supuso un cierto golpe para él, que se resistía a perder el poder del aparato federal. Fue sustituido por Pajín, con la que nunca logró entenderse. Trabajó de forma paralela a la número tres del PSOE para garantizarse el apoyo de los nuevos líderes autonómicos y colocó a sus peones (los jóvenes diputados Antonio Hernando, Óscar López y Pedro Sánchez) a recorrerse las federaciones. Entre medias, su relación con Rubalcaba se afianzó y muchos consideran que los meses que siguieron a mayo de 2010, cuando el hundimiento de la economía española parecía sentenciar a Zapatero, se gestó el complot. En octubre Blanco se entregó a Rubalcaba confiando en repartirse el poder. El ministro de Interior sería el candidato y él quedaría como secretario general. Tras la remodelación del Ejecutivo –que Zapatero pactó con Blanco, Rubalcaba y Pajín, y que acabó con la caída de la vicepresidenta Fernández de la Vega y la ascensión del ahora aclamado candidato–, se inició la operación. En el mismo golpe Leire Pajín fue apartada de Ferraz. Ese mes de octubre Blanco pactó con los líderes de Murcia, Pedro Saura; La Rioja, Francisco Martínez Aldama; Valencia, Jorge Alarte; el gallego Patxi Vázquez y Óscar López, de Castilla y León, su apoyo a una candidatura de Rubalcaba. El ministro de Interior ya tenía garantizado los votos de Guillermo Fernández Vara y Patxi López. José Antonio Griñán y José María Barreda se mantenían a la expectativa, especialmente el primero, cuyo enfrentamiento con Manuel Chaves le puso en contra de Rubalcaba.

Tras un intento de tirar la toalla en marzo, frenado por sus más fieles, llegó la comida en La Moncloa en la que el presidente pactó con sus dos traidores la celebración de elecciones internas. Lo que ha pasado la última semana ya lo conocen. Los hombres de Rubalcaba pidieron un congreso en el que limpiar Ferraz del zapaterismo. Chacón renunció, según dijo, por lealtad a su jefe de filas y el presidente aguantó el primer asalto tras la reunión de barones y el comité. Está por ver cuánto tiempo más aguantará Rubalcaba sin enviar a sus hombres a pedir la cabeza de Zapatero y, si es necesario, las elecciones anticipadas.

(Noticia extraída de La Gaceta)

Está lejos. Se atisba en el horizonte. Parece que no llegará, pero está ahí. La tormenta perfecta que arrastraría a la economía española al vagón de las economías europeas en coma da mucho miedo. Los analistas ya alertan de que o se endereza el rumbo de los rescates del euro o la amenaza latente del contagio puede estallar sobre España. Un escenario pésimo para todos.

“Desafortunadamente, parece que la tormenta perfecta puede estar acechando en el horizonte, si los factores que están planeando sobre la economía española se solapan o coinciden”, apuntan desde el think tank británico Open Europe. De ocurrir, España se situaría en la puerta del rescate financiero.

Los analistas europeos y españoles están muy preocupados por la posibilidad de que surja deuda oculta autonómica tras las elecciones autonómicas y locales del 22 de mayo. Aunque no sería inmediatamente peligroso, dado el tamaño de la economía española, esta deuda extra podría provocar que España no cumpliese sus compromisos de deuda y déficit para 2011, algo que los mercados financieros castigarían.

Además, desde Open Europe señalan que, si no se termina el proceso de reformas, se vería un aumento del coste de la deuda soberana. No es descabellado “imaginar que podría romper la barrera del 7% (más allá de la que la deuda se ve como insostenible) en el escenario de tormenta perfecta”, agrega Open Europe. En el horizonte también se atisba la necesidad de completar la reforma financiera, con las recapitalizaciones y salidas a bolsa de las cajas de ahorro. No en vano, tienen una enorme exposición al sector inmobiliario (más de 320.000 millones de euros, de los que alrededor de 100.000 peligran, por la depreciación del suelo).

Además, en la ensalada de nubarrones se ha colado la expectativa real de que el Banco Central Europeo suba aún más los tipos de interés, lo que azotará a unas familias muy apoyadas en las hipotecas variables y, por tanto, al consumo.
Pero la amenaza principal es el contagio en los mercados de los problemas de Grecia y Portugal. La reestructuración helena es directamente un “horror”, según el gobernador del Banco de Francia y miembro del BCE, Christian Noyer.

La reestructuración de la deuda griega significaría la suspensión de pagos, ha apuntado. Según Noyer, la quita de la deuda soberana helena golpearía, sobre todo, a los bancos del país. ¿Y quién los tendría que recapitalizar? El Estado heleno, que, por tanto, “no ganaría nada” (o a penas nada, habría que matizar, suponiendo unos intereses de devolución).

El analista económico de Open Europe Raoul Ruparel, subraya: “Es improbable que un rescate solucione ninguno de los problemas fundamentales de Portugal o Grecia. Los préstamos a corto plazo son simplemente insuficientes”, apunta.

La ‘troika’ no lo ve claro
Para más inri, la UE no ve claro que las medidas propuestas por el Gobierno de Atenas vayan a causar el efecto deseado. Los expertos del BCE, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, la famosa troika, iniciaron ayer en Atenas una evaluación de las medidas de ahorro y privatizaciones adoptadas esta semana de manera urgente por el Gobierno heleno, para continuar recibiendo ayuda externa a fin de evitar la bancarrota del país. FMI, UE y BCE supervisarán en detalle el paquete de impopulares y draconianas medidas anunciadas el lunes por el Gobierno griego: alzas fiscales, recortes salariales y de pensiones... para recaudar unos 6.400 millones de euros.

De esta evaluación dependerá la luz verde al quinto tramo, de 12.000 millones de euros, del rescate de Grecia. Si no lo obtiene, Atenas ha reconocido que debería suspender pagos. Y esa quiebra sería el mayor de los relámpagos sobre la eurozona y sobre los mercados, de por sí hipersensibles a todo lo que pueda salpicar a España. Y basta que chispee más de la cuenta para que se desate una tormenta ¿perfecta?

(Noticia extraída de Expansión)

Son las cosas de dejar los deberes para el último momento. El vuelco en las urnas y la amenaza de un adelanto electoral provocarían que una decenas de leyes clave, en las que se lleva trabajando durante años, no llegarán a tiempo. Lo que se conoce en el argot parlamentario como que quedarán muertas. Este hecho tiene en vilo a las empresas y operadores económicos.

Los afectados por cada proyecto de ley en curso manejan varios escenarios, algunos descorazonadores para el trabajo realizado y las expectativas que tenían. De acelerarse los comicios sólo se salvarían las que vengan por imposición de Europa, aunque con otra redacción que tramite el nuevo Gobierno. Y si hay elecciones en otoño, también se quedarán muchas normas fuera.

Negociación colectiva
La reforma por antonomasia no avanza. Ante las exigencias de Bruselas, el retraso que lleva y los tiempos que manejan los operadores por la incertidumbre política que vive el Gobierno sólo permitirán que salga adelante mediante un trámite de urgencia.

Ley del Juego
El texto se publica hoy, previsiblemente, en el BOE, pero lo que tiene al sector seriamente preocupado es el periodo transitorio en el que se gestarán las licencias, que iban a empezar en octubre, y que ahora queda en el aire. Los operadores online sí celebran el triunfo popular en muchas regiones, porque creen que los nuevos gobiernos rebajarán la fiscalidad. Y auguran que Loterías va a precipitar su privatización: intentaba ganar puntos en los Reglamentos de la Ley que se preparan y como el PP ha sido muy crítico con su liberalización, un adelanto electoral plantearía escenarios complicados.

Reforma concursal
Con más de un año de retraso, el Proyecto, polémico y complejo, ha entrado en el Congreso sin un plan claro. Desde el Gobierno se habla de sacarlo en enero, pero fuentes cercanas al proceso dudan de que salga adelante (ver EXPANSIÓN del 11 de mayo).

Servicios Profesionales
Zapatero llevó esta norma y la concursal a Bruselas el pasado marzo. Europa exige la liberalización de las profesiones, pero los textos son incipientes y algunas fuentes apuntan a que saldrá de Consejo de Ministros, pero no se aprobará, para cumplir con el expediente pero no disgustar a los colectivos afectados.

Dinero Electrónico
Otra ley en vilo, que afecta a un mercado incipiente, que Bruselas obligará a adaptar, aunque lo haga el siguiente Gobierno.

Agilización Procesal
Reforma polémica que dificulta los recursos a los tribunales y articula procesalmente el nuevo Código Penal.

Jurisdicción Social
Importante reforma de los tribunales laborales que podría sucumbir. También penden los Decretos de Políticas Activas de Empleo o de Inspección de Trabajo.

Reforma de las pensiones
Ayer se cerró el plazo de enmiendas de esta norma, una de las que tiene más posibilidades de prosperar.

Ley de Contrabando
Puede salir antes de verano una norma que tiene en jaque a la industria del tabaco.

Telecomunicaciones
En pañales, no saldrá, lo hará a instancias de la UE, en la siguiente legislatura.

(Noticia extraída de Expansión)

Dirige, con 32 años, la Agencia Vasca de Cooperación. Fue designada directora de gabinete veinte días después que su progenitor entrase en el Gobierno vasco. En 2005 fue becada por Exteriores con 1.200 al mes y todos los gastos pagados.
 

La hija de Rodolfo Ares ha ocupado cuatro puestos de responsabilidad en la Administración pública vasca desde que su padre fue nombrado consejero de Interior del Gobierno Vasco el 8 de mayo de 2009. Sólo 20 días después de que Rodolfo Ares accediese a ese cargo, su hija, Marta, con 30 años, fue nombrada directora del Gabinete de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.

Solamente un mes después, cesó de su primer cargo y pasó a ocupar el de directora de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco. Desde el 1 de enero de 2011 es directora de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, puesto que continúa ejerciendo en la actualidad. Cabe destacar que la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo tan sólo se había puesto en marcha unos meses antes, concretamente en octubre de 2010, y que desde su creación el Consejo Rector aceptó la propuesta de nombrar a Marta Ares como directora.

Noticia extraída de "La Gaceta"

Los colegios donde hoy podrán acudir a votar más de 34,6 millones de electores han abierto sus puertas a las 09.00 horas en una jornada que decidirá la composición de 8.116 ayuntamientos y otras instituciones locales para los próximos cuatro años.

Además, trece comunidades autónomas elegirán a sus representantes en los respectivos Parlamentos, mientras que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla elegirán sus respectivas Asambleas legislativas.

Los 23.719 colegios electorales acogerán 60.545 mesas, en las que trabajarán 181.635 personas -habrá además 363.270 suplentes- que dispondrán de 901.991 manuales de instrucciones.

El número de urnas habilitadas para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto es de 208.309, el de cabinas de 58.850 y el de sobres con papeletas de las distintas candidaturas supera los 39 millones.

De los 34.681.888 electores convocados a las urnas, los españoles que viven en el país son 34,2 millones, mientras que pueden votar también 5.715 residentes en el exterior y 473.748 extranjeros con domicilio en España.

En los 8.116 municipios españoles -cinco más que en 2007- se elegirán otros tantos alcaldes y 68.462 concejales, además de 3.304 alcaldes pedáneos, 1.040 diputados provinciales y 157 consejeros de cabildos insulares.

Para garantizar el normal desarrollo de la jornada han sido movilizados casi cien mil miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías locales y autonómicas.

Noticia extraida de "La Gaceta"

El Tribunal de Justicia de Asturias cree que ofender verbal y físicamente al jefe, llamándole hijo de puta, amenazándole con machacarle, matarle y enterrarle, mientras se le sujeta de la camisa, no justifica el despido.

La Sala considera que la sanción es “totalmente desproporcionada” ya que la conducta del trabajador se produjo por la previa provocación de su superior que le faltó al respeto llamándole “tonto y gilipollas”.

Una vez más, los jueces ponen en entredicho el poder de dirección del empresario al minusvalorar conductas como la que se produjo en este caso. Al respecto, Antonio Pedrajas, socio de Abdón Pedrajas & Molero, afirma que “existe una preocupante tendencia por parte de nuestros tribunales a calificar como improcedentes los despidos disciplinarios basados en ofensas verbales y físicas”. Sin embargo, advierte de que “cada situación debe analizarse individualmente” y, en este caso, estima que “la declaración de improcedencia del despido fue correcta”.

Aquí el Juzgado de lo Social, en primera instancia, y el tribunal superior, en suplicación, estiman que la actitud del empleado no alcanza “los parámetros de gravedad y culpabilidad” como para merecer la sanción impuesta de ruptura del vínculo contractual.

La empresa decidió extinguir la relación laboral mediante un despido disciplinario, mencionando en la carta de despido el altercado que se produjo entre el gerente de la compañía y el empleado.

Según ha quedado probado, el trabajador, cuya jornada laboral concluía a las cinco y media, pidió a un compañero que parara las máquinas a las cinco y veinte. Su jefe, que se encontraba por la zona departiendo con un cliente, al oírlo le comenta que las órdenes sólo las da él.

El trabajador responde riéndose de la situación, momento en el que el administrador comenta en voz alta: “Pero, de qué se ríe el tonto y gilipollas éste”. Es entonces cuando el empleado se dirige a su superior y, sujetándole por la camisa, le dice: “Hijo de puta te voy a machacar, te voy a matar, échame si tienes cojones, te voy a enterrar”. El resto de trabajadores tuvo que intervenir para separarles y evitar que el empresario fuera agredido. Por estos hechos, la compañía achaca al empleado un incumplimiento contractual grave y culpable.

La relación entre el trabajador y su superior no era buena como refleja el hecho de que el primero denunció a la empresa por acoso laboral. La Inspección concluyó que no existía tal situación aunque sí reconoció que ambos discutían frecuentemente, con cruce de insultos mutuos.

El TSJ comparte la decisión del Juzgado que estimó “desproporcionada la sanción” al entender que la conducta del trabajador es “una ofensa”, pero no un incumplimiento grave y culpable de su deber de respetar la integridad física y moral del empresario.

La Sala, tras constatar que las relaciones entre las partes eran conflictivas y que estaban enfrentados, afirma que “la previa conducta del gerente –insultando al empleado en presencia de sus compañeros– fue una provocación”. A juicio de los magistrados, dicha actitud, “sin llegar a justificar la actuación subsiguiente del trabajador, sí que viene a aminorar el reproche que merece su comportamiento”. (TSJ Asturias, 11/02/11, Rº 3051/2010)

Romper las reglas de juego

La solución del TSJ de Asturias, declarando el despido improcedente, pone de manifiesto según explica Fermín Guardiola, socio de Baker & McKenzie, que “una vez rotas las reglas de juego por la empresa –las que marcan la educación y la cortesía– todo vale para los trabajadores”. A su juicio, "que el jefe sea el primero en acudir al insulto no justifica que el trabajador responda en términos similares, pero sí es un atenuante que impide que la sanción aplicable sea el despido procedente". Guardiola cree que de la sentencia se desprende una recomendación evidente: “fair play, también en la empresa".

(Noticia extraída de Expansión)
 

La campaña electoral local ha comenzado, dando el pistoletazo de salida al martilleo de promesas favorables al contribuyente. Pero el escenario que se avecina tras el horizonte del 22 de mayo alberga un obstáculo importante: los ayuntamientos se verán abocados a subir impuestos, de forma generalizada, para recaudar más.

Los asesores de los alcaldes consultados por EXPANSIÓN aseguran que hay muchos consistorios que preparan ya las subidas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Gane quien gane en las urnas.

No en vano, los meses posteriores a las elecciones –sobre todo, el año siguiente– son los más apropiados para acometer las medidas impopulares, ya que, evidentemente, causan un menor impacto sobre el voto que si se realizaran justo antes de los comicios.

Para empezar, los fiscalistas avisan de que el IBI subirá en Madrid y Barcelona, ya que ambas ciudades actualizarán las ponencias catastrales. Y el valor catastral es la base imponible del IBI. De hecho, la capital de España ya prepara su nueva ponencia. Tiene más de 2,1 millones de inmuebles, que se verán afectados en su totalidad por esta actualización. Aunque ésta se hará de forma progresiva, supondrá aumentos de más del 20% y, en algunos casos, del 100%, que luego pesarán en la cuota líquida del IBI.

A Madrid le seguirá la ciudad condal, que es la ciudad de España en la que se paga más IBI, según un estudio de Consumer: una familia de clase media (con un piso de 100 metros cuadrados) paga 589 euros al año en concepto de IBI, 160 euros más que Madrid (429, un 70% más que cuatro años antes).

Pero no sólo Madrid y Barcelona buscarán alivio económico en el bolsillo de sus contribuyentes. Los consistorios medianos deben suplir los ingresos de la burbuja inmobiliaria con más recaudación y menos gasto. Mientras no se reforma la financiación local y los municipios siguen asumiendo competencias impropias por las que no reciben ingresos, la vía de las subidas fiscales es la opción.

Así lo revela, por ejemplo, Lucio Rivas, director de Gabinete de Urbanismo y Administración Pública, asesor jurídico de un ramillete de consistorios: “Ya estudian una subida generalizada de los tipos del IBI y de otros impuestos que puedan. Las medidas impopulares se harán tras las elecciones. Los tipos impositivos evidentemente se van a tocar”. Otros asesores aseguran, de forma anónima, que el alza será “ya una realidad en 2012”.

Sin otra solución

El presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), Jesús Sanmartín, apunta: “Está cantado que el IBI se va a subir de forma general, porque tal como está de constreñido el sistema tributario de las haciendas locales no queda otra solución”. “En el IBI es donde se vislumbra más clara la subida”, reitera.

“Precisamente [una parte de] la Ley de Economía Sostenible (LES) se hizo para subir el IBI”, apuntan otras fuentes fiscales. De hecho, la LES le confiere más poder al Catastro.

Las corporaciones locales han incumplido sus previsiones de ingresos tributarios, y ese desajuste “se tiene que suplir de otra manera”, ya que los gastos son más o menos los mismos, pero los ingresos no son los previstos, agrega Rivas.

Subidas impopulares

“Es prácticamente imposible que los alcaldes que salgan elegidos [el 22-M] bajen impuestos, por las circunstancias. Además, para conseguir votos hay que dar más prestaciones, y éstas cuestan votos”, agrega Sanmartín.

El presidente del Consejo de Economistas Valentí Pich, cree que la posible subida fiscal está condicionada a la respuesta de la opinión pública: “Cualquier incremento generalizado de las cuotas de IBI puede acarrear una contestación social delicada. Espero que no se cometa ese error”. Y agrega: “El sistema impositivo no es flexible y no les permite a los alcaldes subir mucho el tipo del IBI”. Pero “van a ir a tipos mayores los que puedan”, apunta Antonio Ñudi, socio de Urbe Asesores Jurídicos. “Va a haber una oleada de subidas del IBI y del valor catastral tras las elecciones, además de un aumento de las sanciones por infracciones urbanísticas”, corrobora.

“Hace falta un salto cualitativo profundo de la fiscalidad local”, subraya Pich. Pero el Gobierno ha anunciado, por boca del secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, que hasta que no mejore la situación económica no se abordará la reforma de la financiación local.

Cabe recordar que los entes locales asumen competencias impropias –como la inmigración o la educación– por valor de unos 6.000 millones de euros. Ello aumenta la penuria de sus arcas. Además, la morosidad comercial de los ayuntamientos es elevadísima –más de 270 días de tardanza de pago, de media, y más de 35.000 millones de euros correspondientes a deudas vencidas– y necesitan ingresos para poder pagar esos adeudos.

(Noticia extraída de Expansión)