Más de la mitad de los consejeros andaluces tiene más de una vivienda

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M. González. SEVILLA.

Es una de las líneas rojas que Griñán no permitió rebasar a Elena Cortés, la consejera con declarada vocación de escrache. De no haber acotado el afán expropiatorio de IU en defensa de la función social de la vivienda, el Decreto Ley habría propiciado titulares como «La consejera de Vivienda expropia al responsable de Agricultura». El embargo del uso de los inmuebles, tras la censura del PSOE, sólo afecta a bancos y promotores. De lo contrario, más de la mitad de los consejeros de la Junta y prácticamente la misma proporción de los altos cargos de la Consejería precursora de la norma (8 de 19) podrían verse sin la potestad de sus segundas, terceras, cuartas y hasta quintas viviendas durante tres años en aras del «derecho a la vida». Fuentes de la Junta rebajan ya «las expectativas levantadas por la medida», alertando de que las mismas «pueden hacer que acudan personas que no se ajustan a los criterios» del decreto.

El vicepresidente Diego Valderas dispone de dos viviendas en Huelva y un tercer inmueble urbano sin describir, con un valor de 16.976,18, 16.975,18 y 24.040,48 euros. La consejera de Presidencia, Susana Díaz, cuenta con dos viviendas en Sevilla (con un valor de 14.217,78 y 5.274,99 euros). La titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, es propietaria de dos viviendas (37.876,90 y 34.081,90 euros), una de ellas en Madrid, así como de otros dos inmuebles urbanos en la capital andaluza (9.015,18 euros) y en la de España (6.398,72 euros). Rafael Rodríguez, consejero de Turismo de IU, dispone de tres casas en Málaga, una al 16% de propiedad. La consejera de Salud, María Jesús Montero, es propietaria de tres viviendas en Sevilla (64.833,71, 39.970,27 y 39.970,27 euros), un local comercial (43.969,61 euros) en la capital andaluza y otro inmueble urbano (11.135,19). El titular de Agricultura, Luis Planas, posee dos chalets adosados (Madrid y Málaga), una casa en Córdoba y dos apartamentos (Bruselas y Chefchaouen). Griñán, según el registro de actividades, bienes e intereses, tiene una vivienda al 50% en Mairena del Aljarafe (Sevilla) con un valor de 25.768,67 euros, 14.207 euros en el banco y una retribución anual de 85.131,29 euros.

Dentro del organigrama de la Consejería de Vivienda, Jesús Maeztu, Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla, cuenta con una casa unifamiliar en Sevilla (con un valor de 94.648 euros) y otra en Cádiz (276.154 euros). Miguel Paneque, director de la Agencia Pública de Puertos, dispone de dos inmuebles urbanos en Las Palmas al 50%; con una plaza de garaje, también al 50%. Fernando Herrera, director de la Empresa Pública de Suelo, posee tres inmuebles urbanos en Huelva al 50%; tres locales comerciales también en Huelva, dos al 50% y uno al 25%; así como otro inmueble urbano, al 50%, en Sevilla. Encarnación Caparrós, delegada en Almería, es propietaria de dos inmuebles urbanos en Almería; un tercero al 50%, con un valor de 113.747,15 euros; y un cuarto al 20%. El viceconsejero de Vivienda José Antonio García tiene inmuebles en Sevilla y en Huelva. Emilio García Fernández, secretario general de Vivienda, dispone de una vivienda urbana con garaje y trastero en Sevilla; dos más en Córdoba, al 100% y al 30%; y una cuarta vivienda en Badajoz. Gaia Redaelli, directora de Rehabilitación y Arquitectura, tiene cinco viviendas y un garaje en Milán al 16,67%. Auxiliadora Troncoso, directora de Infraestructuras, posee tres inmuebles urbanos, dos de ellos en Sevilla y el tercero en Cádiz.

Noticia extraída de «La Razon.es»