Chávez interviene la tercera mayor empresa española en Venezuela

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Solo hay un lugar en el mundo en el que se pueda nacionalizar a la tercera empresa española más importante por volumen de inversión sin que el ministro del ramo, el recientemente cesado Miguel Ángel Moratinos, ponga una sola pega. El ex ministro traspasa a su sucesora, Trinidad Jiménez, una agenda internacional cargada de guerras abiertas, como el de Venezuela. Agroisleña es el último caso en sufrir en sus propias carnes la dureza de la mano de Chávez al expropiarle sus tierras por decreto.

 

Agroisleña presumía hasta el pasado 3 de octubre de ser un grupo empresarial de origen canario que suponía, sólo superado por Telefónica y BBVA, la tercera firma española con más inversión en Venezuela. Un gigante con pies de barro que Chávez se ha llevado por delante sin miramientos y de la noche a la mañana. El polifacético y siempre sorprendente presidente venezolano anunciaba la intervención, o mejor dicho, confiscación de la empresa, en su programa dominical Aló Presidente. Dicho y hecho. Al día siguiente y con la fuerza militar de su lado, la empresa era oficialmente nacionalizada. Desde entonces se da a conocer como Agropatria.

Los orígenes de Agroisleña se remontan a 1958, cuando el emigrante canario Enrique Fraga la fundó. Al cierre de 2009, la empresa exportaba a más de 15 países de toda Sudamérica, generaba más de 2.500 empleos directos y unos 12.000 indirectos en Venezuela y representaba, aproximadamente, el 65% de la producción en el sector. Una firma demasiado golosa como para no pasar inadvertida a ojos del líder bolivariano.

El Estado venezolano comenzó en abril los intentos de apropiarse de la compañía. Primero, mediante una propuesta verbal de conformar una empresa mixta con el grupo. Los herederos de Enrique Fraga y la propia embajada española enviaron en junio varias cartas al presidente Chávez y otros altos cargos del Gobierno para establecer una fallida mesa de diálogo. Pero poco cabe hacer ante las amenazas del régimen a las empresas españolas, tal y como confesó el propio embajador, Damasio Lario, al ministro Moratinos en un telegrama interno en el que señalaba que solo cabe “aguantar y negociar lo mejor que se pueda”.

A la espera de una respuesta diplomática

El único consuelo que queda a empresas como Agroisleña es recibir una indemnización, aunque, como ha pasado en otros casos, es difícil que puedan recibir ni el 10% del coste real de la empresa. Intentarán negociar una indeminización según lo marcado por el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre Epaña y Venezuela.

Ahora sólo queda esperar a una respuesta eficaz por parte del Ministerio de Exteriores. Los diputados de Coalición Canaria que defienden su caso tienen muy claro lo que piden: que cese la campaña que desde el sistema de medios de Venezuela se hace en contra de las empresas, sus directores y trabajadores; que se garantice la integridad física de los directores, trabajadores y accionistas; que se abstengan de abrir procesos de naturaleza penal contra ellos y que se pase a una negociación amistosa y razonable. 

Daniel Forcada / Ana I. Gracia. EL CONFIDENCIAL